DOCUMENTOS ENVIADOS POR EXILIO PARA DISCUTIR EN LA REUNIÓN GENERAL DEL 20 DE MAYO DE 2005.

 

PRIVATIZACION EN CUBA:

¿FACTOR DE UNION Y DESARROLLO O DE CONFLICTO SOCIAL?

por: Alberto Luzárraga

Presentado en la Reunión de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, Miami, Florida, y en la Universidad de Georgetown School of Government

I- INTRODUCCION.

La privatización de la economía cubana, proceso inevitable que a pesar del régimen ya está en marcha, es un tema que no obstante haber sido estudiado desde diversos aspectos sufre de cierto soslayo en cuanto al problema básico que implica: la aceptación de que para llevarla a cabo hay que llegar a una concertación de intereses, donde todos los involucrados van a tener que ceder en algo.

Hay muchos puntos de vista pero usualmente enfatizan un aspecto de la cuestión que suele ser jurídico, económico o político. Tal vez sea útil plantear los extremos a fin de definir el problema. Para el jurista a ultranza, debe primar la subsanación de las injusticias y la vuelta al "status quo" anterior; para el economista que sólo enfoca en la eficiencia y la productividad lo que debe primar es el mejor resultado económico; y para el que considera la política como el arte de obtener la mayor popularidad con el mínimo de problemas la privatización se acomodaría a esa premisa.

No hay duda de que en un arreglo del devenir cubano hay que hacer justicia, ser eficientes y obtener un consenso de la población respetando las ideas siempre que no sean impuestas, patentemente nocivas o absurdas. El problema es de grado y de definir los límites mínimos que cada factor social puede y debe aceptar. Los países progresan cuando los ciudadanos saben que usualmente es imposible obtener la sociedad ideal que cada cual define para sí, pero que sí es posible vivir en una situación muy aceptable aunque siempre se aspire a mejorar alguna cosa.

Los cubanos lo sabemos también, pero sufrimos de dos traumas, el del exilio y el de la tiranía.

El exiliado tiende a guiarse instintivamente por la nostalgia, y sueña con un cambio rápido que haga volver a Cuba la prosperidad y la libertad, pero su vida diaria no depende de ello. Es una aspiración más espiritual que material. El cubano residente en la isla sueña también con la misma Cuba pero tiene la natural aprensión de un futuro que desconoce.

El régimen ha explotado esta aprensión presentando al exilio como un conjunto de codiciosos sin corazón que sólo quieren recobrar sus propiedades y para ello gestionan embargos y legislación revanchista.

Sabemos de sobra que no es así, pero es fácil distorsionar cualquier posición cuando se controlan los medios de comunicación; aparte de que en ocasiones algunos sectores del exilio inconscientemente ayudan al régimen tomando posturas que no son muy realistas ni ponderadas.

Los países del antiguo telón de hierro que han tomado el camino de la reforma han pasado y están aún pasando por diversos traumas pero han llegado a un mínimo de convivencia. Los que han vuelto de dictaduras de derecha a regímenes democráticos tales como Chile, Argentina o España han hecho lo mismo, aceptando cosas que parecían imposibles antes del cambio.

¿Quién iba a pensar que Santiago Carrillo volviese a España o que el ejército chileno aceptase volver a sus cuarteles sin disparar un tiro o que Gorbachev cediese el puesto a Yeltsin?

En todos los casos el cambio político ha ido acompañado de un cambio económico potenciado por la privatización. Sin duda ha sido tal vez el factor más importante, puesto que sin propiedad privada no hay libertades políticas, pero el cambio de la propiedad estatal a la propiedad privada no se ha desarrollado en el vacío.

Según de que país se tratase, de 40 a 70 años habrían transcurrido y al hacer los cambios se hizo necesario tomar en cuenta no sólo lo que sería teóricamente ideal, sino lo que parecía ser factible en el contexto jurídico, económico y político del momento vivido.

Cuba no va a ser una excepción. Los seres humanos reaccionamos en forma parecida ante problemas similares y a lo que debiéramos aspirar como cubanos es a hacerlo mejor que los que nos antecedieron en el proceso, lo cual no significa copiar irreflexivamente, sino crear con un espíritu que sea justo y cubano.

Tal vez seamos unos románticos pero creemos que Cuba tiene algo que aportar al proceso de organización social del siglo XXI. Al fin y al cabo experiencias no nos faltan. En un siglo hemos tenido capitalismo colonial, capitalismo clásico, períodos de social democracia y despotismo marxista.

Las posiciones extremas del exilio adolocen de una cierta inconsistencia conceptual. Se sueña con la restauración de la Constitución del 40 en su integridad, pero se hace poco caso al hecho de que fué una Constitución social demócrata con una serie de ideas que son anatema al esquema neo-liberal hoy en boga.

Lo cual no quiere decir que estas ideas sean necesariamente incorrectas, pero sí que van a sufrir un rudo ataque de ciertos sectores que aportarían capitales sólo si se les complace en lo que ellos estiman que es un esquema económico consecuente con sus aspiraciones.

El exilio no ha enfocado este problema en forma sistemática, dejándolo para después o adhiriéndose totalmente al sistema en boga, sin reflexionar a fondo sobre lo que convendría o no convendría hacer en un momento dado y en unas circunstancias difíciles.

Los cubanos de la isla a veces también son inconsistentes en cuanto a pretender que se mantenga un alto nivel asistencial del Estado (por encima de la educación y la salud), pues ello implicaría el control de buena parte de sus vidas y un nivel de tributación que pudiera ser asfixiante.

Debe pensarse que en una Cuba libre habrá que remunerar adecuadamente a los que presten los servicios y como bien sabemos el Estado paga con los recursos extraídos a los gobernados. Mantener un servicio de salud y de educación de primera son dos aspiraciones legítimas pero probablemente absorberían la mayor parte del presupuesto o en su defecto tendrían que ser pagados en parte y directamente por los ciudadanos.

Una sociedad libre y progresista resuelve estos problemas encarándolos con un espíritu práctico, cívico, patriótico y lo más importante: espíritu de virtud y de verdad. Los grandes pensadores, desde Tocqueville que dijo que América es grande porque es buena hasta Montesquieu que hacía residir las bases del Estado y de la libertad en la virtud, lo han identificado claramente.

En Cuba ha faltado totalmente la virtud al nivel oficial por 40 años. Antes de Castro también teníamos nuestros fallos que es preciso reconocer, aunque sin caer en las diatribas y difamaciones del presente régimen que engorda todos los vicios pasados para disimular los suyos.

La privatización va a ser el tema neurálgico del concierto social y puede ser fuente de concordia o de nuevas luchas y seria discordia según se maneje. De aquí el título de este trabajo.

El objetivo es intentar definir las contrapartidas que los cubanos debemos manejar, las cosas que las diversas tendencias deben ceder y los mínimos por los que es razonable luchar y no ceder. Y hablamos de mínimos porque los conciertos sociales se hacen a base de eso y no de pasar la cuenta íntegra al opositor.

Presentamos estas premisas básicas bajo el título de contrapartidas porque lo son. Ninguna funciona sin una reciprocidad de la otra parte involucrada en el quehacer de la reconstrucción.

Hemos omitido las formulaciones exclusivamente técnicas porque después de meditar sobre soluciones a diversos problemas, llegamos a la conclusión de que el exceso de detalle provoca más confusión que claridad.

Hay muchos datos sobre la situación actual que ignoramos (las estadísticas no son confiables) y asimismo ignoramos las circunstancias de tiempo y situación económica y social al momento de implementar las reformas. Creemos pues, que lo más útil es comenzar a pensar en cuáles principios debemos acoger para lograr reconstruir, que en propuestas demasiado específicas. Así pues, este trabajo sólo pretende lo siguiente: estimular la reflexión.

Y después de reflexionar, debemos poner de nuestra parte. Para arreglar a Cuba, hay que contar primero que nada con buena voluntad y segundo, como dijo Agramonte, "con la verguenza de los cubanos", pues verguenza nos ha de dar ver a nuestro país sumido en la miseria y la destrucción física y moral mientras los demás progresan.

II- EL ASPECTO JURIDICO.

No existe duda de que para que un país funcione y prospere tiene que existir respeto por la ley y las instituciones que ésta crea y ampara. Perdemos el tiempo ideando soluciones económicas "brillantes" si no hay voluntad de aceptar que existen límites razonables a la conducta humana. Este asentimiento de la voluntad a la norma jurídica es en cierta forma un fenómeno psicológico, pues la efectividad de la ley sólo depende en parte de la capacidad de forzar su cumplimiento a través de los medios legítimos (tribunales, etc.). La verdadera efectividad surge del convencimiento social de que es mejor vivir bajo la ley, pues la alternativa es la barbarie.

La característica básica de la ley para que sea aceptada es que sea justa y que se dirija al bien común. Este es el aspecto esencial y hay que convenir que el bien común con frecuencia no equivale ciento por ciento al bien individual.

Para llegar a un acuerdo justo hay que estar dispuesto a conceder ciertas cosas y a mantener unos mínimos. En los contratos consensuales que encontramos en la vida cotidiana, los cubanos sabemos que este principio es cierto y lo aplicamos sin mayores dudas. En general no hemos sido así en la contienda política, guiándonos frecuentemente por la pasión sectaria aunque hemos tenido etapas de gran lucidez de pensamiento. Veamos cuales son las principales contrapartidas jurídicas que los cubanos deben negociar.

Primera contrapartida jurídica.

Después de 40 años de arbitrariedad el pueblo cubano está deseoso de vivir bajo un sistema en que la ley no refleje el capricho o la ideología de un sector de la población. Pero, para que el sistema no resurja viciado hay que empezar por reconocer que se violó el Estado de Derecho y las Leyes de la República de Cuba. La República es nuestro país y no la Revolución de Castro, que constituye sólo un episodio de su historia. Enunciaríamos así la contrapartida:

Hay que aceptar que en muchas cosas se actuó injustamente y estar dispuesto a subsanar las injusticias en la medida de lo posible. El pueblo cubano de la Isla tiene que superar su aprensión y enfrentar este reto en forma inteligente y constructiva.

Segunda contrapartida jurídica.

Qué cosas son posibles es un tema legítimo a discutir. Aquí es útil insertar el preámbulo de la ley Húngara de "Compensación Parcial por Daños Causados por El Estado". Dice así:

En el interés de estabilizar las relaciones de propiedad, crear las condiciones

necesarias para la seguridad de las empresas y una economía de mercado,

el Parlamento guiado por el principio de constitucionalidad, y teniendo en

cuenta el sentido de justicia y la capacidad de la sociedad, ha dictado la

siguiente ley para remediar los daños ilegalmente causados por el Estado a las

propiedades de los ciudadanos".

Obsérvese que la ley habla del principio de constitucionalidad y de la necesidad de hacer justicia, pero específicamente se refiere a la capacidad de la sociedad. La mayor parte de las reclamaciones datan de actos realizados hace más de 40 años y se rechaza el concepto de intereses moratorios o compensación total. El artículo 4 de la Ley fija como suma máxima 5 millones de florines húngaros por cada propiedad o cada afectado. La compensación ciertamente no es amplia pero responde a las posiblidades del país. La de Checoeslovaquia asciende aún a menos.

Lo anterior significa que el exilio debe entender que Cuba (país mucho más endeudado y en mucho peores condiciones económicas que Hungría y Checoeslovaquia) no va a ser capaz de pagar grandes indemnizaciones y ciertamente no podrá hacer frente a las exigidas por la Ley Helms-Burton. Que sean debidas nadie lo duda. Que sea pagada una suma importante a cada afectado casi todos los que hacen cálculos realistas lo reputan económicamente imposible.

La contrapartida para el exilio es aceptar que el principio de legalidad se debe sustentar pero que en muchos casos la indemnización podrá ser muy modesta porque no hay para más.

Tercera contrapartida jurídica.

En el supuesto de que exista incapacidad para indemnizar siempre se puede restituir, también en la medida de lo posible.

Este principio es de los que crean conflictos en cuanto se menciona. Algunos de los confiscados sueñan con la restitución absoluta y los usuarios de sus bienes en Cuba temen la desposesión. Ambas cosas son exageraciones. La realidad es que en la práctica hay cosas restituibles en las cuales se puede conceder la posesión y el dominio y cosas en que sólo se puede restituir el dominio.

Ejemplos: Tomemos una empresa extranjera (confiscada por Castro) que requiere grandes aportaciones de capital para poner sus equipos e instalaciones en capacidad de competir internacionalmente. Obviamente se puede y debe restituir tanto el dominio como la posesión pues lo contrario sería torpe. ¿Para que incurrir en indemnizaciones, dejar de percibir los capitales y conservar una empresa ineficiente? El poseedor que es el Estado ve en la posesión de la empresa no un bien de uso sino una carga que no puede afrontar.

Tomemos en cambio el caso que tanto preocupa en Cuba, la vivienda habitación. Aquí la solución preferida en la Europa Oriental es restitución si la propiedad está deshabitada. En defecto de lo anterior se estipula el retorno del dominio, pero no de la posesión quedando el que habita la casa en calidad de inquilino con derecho de permanencia y un alquiler controlado y módico.

El dueño con el dominio y sin la posesión está obligado entonces a mantener la propiedad y repararla. El dueño no cuenta con un activo que produzca una renta razonable y el inquilino ya no es dueño. El negocio en sí no es muy atractivo para nadie. Las implicaciones económicas de este sistema son previsibles pero por ahora valga decir que jurídicamente la solución es aceptable. Se respeta la propiedad original y se ampara al poseedor actual porque para él este bien no sólo lo usa diariamente, sino que no puede sustituirlo dada la crisis habitacional.

El tratamiento de la propiedad agrícola en dichos países se ha acomodado también a las circunstancias, tomando en consideración una diversidad de casos y dando soluciones adecuadas. Por ejemplo, si la propiedad estaba poseída por una cooperativa se designan lotes de tierras a los cooperativistas y se sacan a subasta. Se dá una opción al reclamante que podría ejercer el derecho de concurrir a la subasta ofreciendo la compensación que se le debe como parte del precio o por el contrario se reputa que acepta la compensación. (Un buen ejemplo de este enfoque es el art. 21 de la ley 25 de 1991 dictada por la República Húngara y su reglamento, decreto 104/1991.)

¿Se nos dirá que existen críticas jurídicas y se señalarán inconsistencias y defectos? No cabe duda y en esto consiste el colofón de la tercera contrapartida:

Será necesario aceptar muchas soluciones jurídicas que en la teoría más pura no son las más correctas pero que responden a situaciones de hecho que hay que enfrentar con justicia.

Se actúa justamente cuando la solución consiste en lo siguiente:

Los principios se mantienen pero no se fuerzan situaciones insostenibles, ni se reconocen derechos de propiedad emanados de actos ilegales.

Cuarta contrapartida jurídica.

La restitución o la indemnización son optativas. Se escoge una u otra. El aceptar cualquiera de las dos equivale a dar saldo y finiquito a cualquier reclamación.

La seguridad jurídica exige que las reclamaciones se resuelvan y se ponga término a una situación de inestabilidad. Lo más probable es que con o sin Ley Helms los tribunales americanos se inhiban de conocer de reclamaciones cubanas una vez que Cuba sea libre. La sección 302.8.d) ya establece que las sentencias de los tribunales americanos no serán ejecutables contra un gobierno de transición o un gobierno electo democráticamente En dichas circunstancias lo más práctico para un tribunal americano es remitir el pleito a la jurisdicción de origen donde se pueden practicar las pruebas.

Como es sabido, la ley Helms también faculta al Presidente para suspender los pleitos de los cubano-americanos. Ya lo ha hecho en circunstancias menos favorables, de modo que se puede prever que dicho comportamiento se repita.

Quiere decir que lo que ofrezca el gobierno cubano a los cubanos será discutible y recurrible en Cuba.

Corresponde pues al gobierno cubano dictar leyes que estimulen la inversión y el retorno de capital y a los exiliados el reconocer las límitaciones económicas que el gobierno enfrentará.

La contrapartida es:

Para el exilio, aceptar menos de lo justo, a cambio de estabilidad y oportunidad. Para el gobierno cubano, aceptar que lo que no pueda pagar como indemnización debe suplirlo creando un Estado de Derecho que permita producir legítimamente la riqueza que el país perdió.

En definitiva las grandes pérdidas se enjugan con ganancias y no reclamando a quien no puede pagar.

Quinta Contrapartida Jurídica.

El proceso de privatización tiene que ser llevado con arreglo a derecho.

El gobierno no puede dar preferencias a unos cubanos respecto a otros basándose en ideologías o lealtades, ni liquidar activos en forma privada y no transparente. Repetir la llamada "piñata" organizada en Nicaragua por los Ortegas, donde antes del cambio se repartieron entre la "nueva clase" las mejores casas etc., sólo crearía en Cuba nuevas disensiones y entorpecería el desarrollo.

Por otra parte, organizar las transferencias sin crear incompatiblidades entre los funcionarios del gobierno y el acceso a cargos o posiciones accionarias en las empresas subastadas tambien sería fuente de corrupción. El proceso debe evitar "negocios previos" entre los que venden y los inversionistas, sancionándose severamente qualquier infracción, por quien sea, de las reglas que se dicten.

Las subastas de propiedades deben efectuarse con avalúos previos, balances de las empresas y reglas para que los precios mínimos de salida en cada subasta y el sistema de pujas y puestas sean razonables, abiertos a todos y supervisados por auditores independientes o subastadores que ofrezcan las garantías necesarias (incluso fianzas) respecto a la transparencia de su gestión.

La legislación de Europa Oriental ha acogido estas ideas de sentido común estableciendo

incompatibilidades entre los cargos de gobierno y los de las empresas vendidas.⁶

El exilio por su parte debe aceptar que este proceso implicará la suspensión o no aplicación de las garantías a la propiedad e indemnizaciones y recursos judiciales en caso de expropiación que el artículo 24 de la Constitución del 40 concedía. El art. 24 o la regla de igual contenido que lo suceda tendrá que ser aplicado de la privatización en adelante. No existe otra forma pacífica ni práctica de hacerlo pues de lo contrario no existiría seguridad jurídica. Estos principios también han sido acogidos por otras legislaciones.

Además el exilio debe cooperar con su capacidad profesional al saneamiento del proceso y abstenerse de proponer transacciones que no sean correctas. La legislación de privatización debe sancionar fuertemente cualquier intento de cohecho directo o indirecto.

Sexta Contrapartida Jurídica.

El proceso de privatización tiene que abrir una esperanza y camino a los cubanos residentes en la isla, procurando que su participación sea la mayor posible.

Se reconocerá el principio de que es necesario el capital extranjero, pero se intentará proteger en todo lo posible que la propiedad pase a manos de cubanos residentes en la isla. Esto implica reserva de las indemnizaciones para aquellos que residan en Cuba permanentemente, sin importar que se hayan exiliado o no. Lo que se pretendería es que el producto de lo pagado se gaste o invierta en Cuba y no en el exterior. Asimismo será necesario un sistema para financiar la compra por los empleados de lotes de acciones de las empresas privatizadas, mediante créditos suaves a largo plazo amortizados con deducciones salariales, o métodos que produzcan un resultado similar⁷.

Los cubanos sin capital tendrán que aceptar que grandes empresas inviertan en Cuba, como ya lo hacen, sujeto claro está al respeto de una legislación laboral y fiscal justa y puesta al día.

Sin embargo, el exilio deberá reconocer, aceptar y estimular el retorno de la propiedad privada a nuevos empresarios nacionales y en su caso apoyar la participación a los trabajadores en los beneficios de la reconstrucción. Existen multitud de esquemas en el mundo desarrollado que son idóneos para lograr este objetivo. La participación accionaria pagada en efectivo es sólo es uno de ellos, existen otros que proporcionan resultados semejantes con menor compromiso de capital.

En todo caso es preciso que la mentalidad propietaria sustituya a la mentalidad proletaria, y que la práctica de la empresa privada dé un mentís a las distorsiones y mentiras de tantos años de propaganda y explotación. Una Cuba que sólo sea campo fértil para la inversión de los cubanos exiliados no residentes o la inversión extranjera, no logrará a la larga estabilidad ni paz social.

La contrapartida jurídica consiste en que los residentes de la isla deben aceptar una legislación que fomente la inversión y los cubanos del exilio acepten que ciertas protecciones al cubano residente son inevitables y justas, si se quiere un cambio perdurable.

Séptima contrapartida jurídica.

El proceso implicará un cambio radical en la legislación tanto Constitucional como complementaria.

En otras ocasiones hemos analizado el tema del cambio Constitucional y legislativo que será necesario.⁸ La Constitución vigente, que data de 1976 con reformas en 1990, no es un documento susceptible de reforma ni adaptación para promover un cambio. Se inspiró en la Constitución Estalinista de 1936 y no fué creada para limitar el poder sino para consolidar la hegemonía de un partido y un sistema. Carece de la división de poderes y funciones que garantizan que el poder no se concentre arbitrariamente, ya que supedita el Poder Judicial al Legislativo y ambos al Ejecutivo. ⁹ Además no contiene un sistema de control de la Constitucionalidad de las Leyes en tanto en cuanto, que en forma absurda, hace a la Asamblea del Poder Popular juez y parte, al encomendarle la revisión de la Constitucionalidad de las leyes que ella misma aprueba.

Los derechos individuales son enumerados profusamente para ser luego limitados en su ejercicio utilizándose diversos métodos, tales como el monopolio de los medios de comunicación, de los sindicatos y prácticamente todas las formas de asociación.

Como si fuera poco, la legislación complementaria hace caso omiso de las llamadas garantías y establece delitos tales como la "diseminación de propaganda enemiga", "abuso de la libertad religiosa", "salida ilícita" y muchos otros (cuya lista sería muy larga de enumerar) que contradicen las llamadas Garantías Constitucionales. Dichas leyes permanecen porque no hay control Constitucional de la legislación, ejercido a través de un tribunal constituciuonal independiente, como los que existieron en Cuba desde 1903.

Tampoco hay garantías electorales ni división de partidos, concentrándose el poder en uno sólo por expreso mandato Constitucional. Consecuente con esa lógica el sistema permite la concentración de cargos en personas reputadas fieles al régimen dándose el inaudito caso de que en Cuba se pueda ser juez y diputado al mismo tiempo.¹⁰

En fin, los cambios tendrían que ser tan radicales que el documento actual quedaría irreconocible. Mejor es empezar de nuevo y aquí viene la pregunta clásica. ¿Se restaura la Constitución del 40 o se convoca a una nueva Asamblea Constituyente?

La respuesta no es tan difícil. De hecho muchos artículos de la Constitución del 40 requieren una puesta al día. Por ejemplo, el sistema semi-parlamentario de gobierno que instituyó es un híbrido que merece justas críticas técnicas y que en la práctica no funcionó muy bien debido a defectos conceptuales. Las garantías sociales referentes al empleo asistencia médica y educación, con seguridad van a provocar un debate y comparaciones. Será necesario además, asegurarse de que lo que se prometa se cumpla.

En cuanto a indemnizaciones y privatizaciones ya señalamos los problemas jurídicos que ocasionaría permitir el planteamiento constante de recursos judiciales.

Quiere decir que en la práctica un gobierno de transición no podrá implementar dicha Constitución, tal como fué promulgada, por muy buenas intenciones que tenga.

Lo que sí podrá hacer es inspirarse en sus principios y restablecer en toda la medida de lo posible el Título IV que consagra las garantías individuales. Esto pudiera hacerse con un Estatuto Constitucional provisional que rija las relaciones entre los gobernantes y gobernados, mientras se debate el futuro legal y jurídico de Cuba y se dan los pasos para organizarlo.

Dentro de ese esquema debería existir un Tribunal Constitucional de modo que el Gobierno de transición esté sujeto a algún control respecto a su gestión. Asimismo el gobierno de transición deberá marcarse un tiempo para su función e hitos que deberá cumplir, como por ejemplo, tantos meses para un censo electoral, idem para la organización del Poder Judicial, etc.

¿Como calza lo anterior con la privatización?

Es esencial. Habrá inversión de calidad en función de las garantías proveídas. Cuanto menos garantías menor será la calidad del inversionista. A pocas o ninguna el inversionista queda desplazado por el especulador que sólo busca un lucro rápido como sucede ahora en Cuba.

Resumido, un elemento básico de la contrapartida consiste en lo siguiente: Para volver a la empresa privada hay que evitar aferrarse a esquemas ideológicos o nostálgicos.

La Constitución de 1976 no es idónea para desarrollar un país libre y dinámico; intentar modificarla es perder el tiempo y mostraría precisamente una aferración a un sistema ideológico fracasado.

La Constitución del 40 fué un gran documento para su época pero no es totalmente aplicable al momento actual, aunque muchos de sus principios y artículos sí lo son. La Constitución del 40 provee una base de referencia apoyada por una jurisprudencia valiosa sobre su aplicación. Utilizar esta parte de nuestro acervo político y jurisprudencial no es nostálgico sino práctico. Pretender por otra parte que más de cincuenta años no han pasado y que la Constitución del 40 se puede implementar con sólo ligeros cambios sí sería nostálgico e impráctico, ya que la simple modificación de la parte orgánica constituiría una reforma integral a la Constitución según esta misma lo define en su artículo 286.

Es evidente que mientras se organiza el país y se sientan las bases de una democracia se hace imprescindible dinamizar la economía y privatizar. Esto requiere una base jurídica que hay que proveer tan pronto como sea posible.

Los otros elementos de la contrapartida son:

a) Aceptar que esta base jurídica va a ser dictada por un gobierno de transición, es una conclusión inevitable que debe ser entendida por el exilio. Si será razonable exigir que las garantías del Título IV de la Constitución del 40 sean implementadas en toda la extensión posible, particularmente las que se refieren a la propiedad, concediéndose protección efectiva y real al inversionista respecto a todos los actos jurídicos que realice desde la promulgación de los "estatutos constitucionales" en adelante. La creación de un control judicial del ejecutivo tan pronto como se pueda organizar un Tribunal Constitucional serio, será también una exigencia razonable. Hay que cambiar la mentalidad de "ordeno y mando" que permea la mente de los funcionarios, por la de "cumplir y hacer cumplir" las leyes para utilizar la frase feliz de la Constitución del 40.

b) Por su parte el pueblo residente en la isla debe aceptar la triste realidad de que no ha tenido Constitución por 40 años sino un triste remedo de lo que significa esa palabra, y aplicarse a aprender de Cívica y Constitucionalidad a marchas forzadas. No hay duda de que en el aspecto técnico existen personas en Cuba con formación teórica adecuada, pero nos referimos al pueblo porque la defensa efectiva y plena de la libertad y de los derechos Constitucionales no es cosa sólo de abogados sino de ciudadanos.

Entender que no hay libertad política sin instituciones que se respeten, y que no hay libertad personal sin propiedad privada es un supuesto indispensable para la convivencia y el desarrollo, no sólo económico sino también personal y social.

III- EL ASPECTO ECONOMICO.

Consideraciones previas.

La privatización está de moda en el campo económico. Hablar de intromisión estatal en cosas que puede y debe hacer el ciudadano es hoy en día un anacronismo.

Una concepción sana del Estado es la que proclama Juan Pablo II en su encíclica "Centessimus Annus" donde hace resaltar el principio de subsidiariedad, mediante el cual el Estado suple la falta de actividad privada en ciertos campos y actúa como árbitro y poder equilibrador de las relaciones entre los diversos factores sociales. Se reconoce asimismo la legitimidad y utilidad social de los beneficios que generen las empresas, siempre que exista la conciencia de que operan dentro de una sociedad donde el bien común es el objetivo primario. Esta concepción encaja perfectamente bien con las aspiraciones de libertad y desarrollo del individuo que preconizan diversas escuelas económicas, aunque sin duda choca con las concepciones radicales del "Darwinismo Económico" que resucita el viejo axioma de que el hombre es el lobo del hombre.

Hoy en día se postula que la llamada "economía de mercado" es el método más idóneo para llegar al resultado apetecido, i.e. la consecución de la libertad.

Por nuestra parte preferimos el término de economía de libre empresa o de economía de libre actuación y contratatación.

Esta preferencia se basa en que el término mercado, enfatizado al máximo como hoy se acostumbra a hacer, distorsiona la realidad. A veces se exagera tanto que tal parece que el mercado es un organismo viviente e independiente de la voluntad humana, cuando sólo refleja los millares o millones de actividades personales que lo conforman. En realidad cuando existen estos millares de individuos que concurren al mercado es cuando mejor funciona, pero no siempre es así.

Hay mercados intervenidos, hay mercados monopolizados o oligolipolizados, hay mercados cohechados y hay mercados artificiales. Existen leyes antimonopolio en los países desarrollados precisamente por esto, así como sanciones criminales por fraude mercantil y por soborno, por idénticas razones. La manipulación reciente del mercado de futuros del cobre donde se descubrieron cohechos y trasnsacciones ilícitas por cantidades masivas es sólo un episodio de los muchos que han ocurrido recientemente y que han sido difundidos ampliamente por los medios de comunicación.

Por último hay cosas que están fuera del comercio de los hombres y que no son vendibles ni comprables. Son valores espirituales que se deben al ser humano por su simple condición de tal, valores que no son susceptibles de ser tasados a un precio pero que por eso mismo son más importantes.

Lo anterior no es razón para dejar de creer en la eficacia los mercados. Deben ser estimulados y regulados sólo con vistas a que funcionen real y efectivamente y no para asfixiarlos. Lo que pretendemos es señalar que existe causa suficiente para nuestra preferencia de términos, porque el mercado no es un ídolo, ni un ente viviente, es algo creado por empresarios individuales que concurren a él para contratar libremente. Como creación humana al fin, a veces sufre por las acciones de los hombres y se precisa de la intervención de otras personas para arreglar los desperfectos causados, aunque los apologistas casi fanáticos del mercado digan que siempre se arregla sólo.

La esencia de la libertad es pues que existan empresarios y mercados donde los individuos puedan contratar sin trabas indebidas. Sin estos requisitos no hay mercados. Por trabas debe entenderse, no sólo las que pongan las autoridades, sino también las más sutiles que pueden surgir de concentraciones exageradas de poder económico y comercial.

Para el caso cubano vale resaltar la ausencia de ciertos elementos que se dan por sentados en otras sociedades. No hay en la Cuba actual concepción de empresa, ni de libre contratación porque nunca en los últimos 40 años han existido empresarios libres ni leyes que les permitieran actuar como tales. Esta situación es tan típica en los regímenes que vuelven de la tiranía estatizante, que uno de los primeros pasos de los países de Europa Oriental fué dictar leyes sobre la libertad de empresa.¹¹

En estas circunstancias, hablar del mercado como si fuese el maná caído del cielo que resuelve todos los problemas automática e inmediatamente es tan ilusorio que casi resulta engañoso.

Es la experiencia de Rusia, Polonia, etc., donde la retórica se adelantó en mucho a los resultados.

Se puede hablar de una economía de libre empresa y contratación que produzca mercados libres, pero hay que explicar que son y como se llega a ellos. No se puede suponer una cultura económica donde no ha existido más que el capricho y la orden arbitraria. El haber hecho poco caso a este simple hecho, y exagerar lo que se puede obtener a corto plazo, es en buena parte la causa de muchas sorpresas políticas recientes en diversos países de Europa Oriental.

Los antaño responsables por la destrucción de la economía, los enemigos de la libertad política y empresarial, han vuelto al poder (adoptando un barniz de libertad), por la torpeza política, debilidad conceptual y falta de vocación didáctica de los que piensan que las transformaciones económicas se hacen solamente con leyes y reglamentos. Esta formación mental es la causa de que con frecuencia se apliquen teorías concebidas en gabinetes de estudio por extranjeros no comprometidos con la realidad social del país, que pueden permitirse el lujo de opinar, insistir en sus ideas y luego marcharse sin asumir las responsabilidades.

Dicha torpeza ha producido esquemas de aplicación festinada de ideas muchas veces buenas, con los consecuentes abusos y concentraciones de riqueza dudosamente adquirida. Los que quedan fuera del "reparto" de bienes del Estado lo resienten y votan por los que con su tiranía pasada hicieron posible tal estado de cosas. ¿Enigmas de la conducta humana? No ciertamente; esto es previsible y debemos pensar en como no se reproduce en Cuba.

Privatización: Cómo y cuándo.

Hay dos escuelas básicas, la del "shock" y la del gradualismo y una tercera que vive escondida dentro de ambas, que llamaríamos la del sentido común.

La escuela del "shock" preconiza la necesidad de actuar de inmediato para resolver problemas de décadas, antes de que el gobierno de transición a la economía libre agote el capital político de que dispone frente a la población. El postulado es aparentemente razonable, pero adolece de exceso de énfasis en su planteamiento. Los que plantean el tema son usualmente producto de sociedades occidentales y, subconscientemente, entienden por capital político el asentimiento prestado por una población a un gobierno electo democráticamente en un país que goza de instituciones tradicionales y fuertes.

En las transiciones que examinamos, tal asentimiento obviamente no existe, lo que existe es un sentimiento de alivio y de esperanza de que las cosas mejorarán, pero no hay concreción de pensamiento respecto a cómo se logrará la mejoría ni a través de que instituciones y leyes. Imposible que exista, no hay base educativa ni experimental.

El "shock" es pues esencialmente oportunista. Sus proponentes dirían: "Actuemos mientras podamos pues después se cerrarán las puertas de una sociedad acostumbrada al anquilosamiento y la inercia y las reformas serán imposibles."

Además, se piensa que el "shock" quiebra las bases del poder político del estado socialista en tanto que transfiere las nóminas y las inversiones fuera de la esfera de control de los que dirigían el sistema anterior.

El peligro del shock es la secuela de resentimientos y negocios turbios que deja tras sí, debido a la festinación con la que frecuentemente se actúa para enfrentar problemas muy complicados que usualmente requieren estudio a fondo. La rapidez lleva al error conceptual, y la subasta o entrega inmediata de empresas frecuentemente no se hace en las condiciones más ventajosas para la sociedad. Su ventaja es mover el proceso adelante y mostrar a la población que existe otra forma de hacer las cosas.

El gradualismo por su parte pretende escoger los momentos y estudiar las situaciones. Teóricamente también es razonable. Hay problemas industriales y agrícolas donde se puede hacer más daño que bien si no se ponderan las soluciones. Pero tiene el peligro de la inercia y la consolidación de posiciones de los que regentean las empresas, con la eventual resistencia al cambio y uso de la demagogia para mantener sus cargos.

La realidad es que ambas posiciones tienen riesgos y ninguna satisface plenamente desde un punto de vista práctico. Por ello es que ninguno de los dos modelos puede presumir de pureza. Se hacen cosas oportunistas y cosas graduales porque así vienen las circunstancias. El arte de este proceso consiste en mezclar las dosis convenientes y suministrarlas en el tiempo adecuado.

¿Cómo actuar ante esta disyuntiva en el caso cubano?

Con el sentido común y la mezcla de soluciones, sin importar lo que digan los teóricos a ultranza.

Pero existe un asunto a resolver "a priori" que está íntimamente ligado al asunto de la privatización: se trata de la moneda. Seríamos partidarios de una flotación monetaria inmediata porque habrá que privatizar en términos de dólares.

Además, Cuba no es país que toleraría aún por un corto plazo las distorsiones y abusos de un control de cambios, ya que puede preverse que habrá una buena cantidad de dólares por concepto de turismo, remesas familiares e inversión. Aceptado lo anterior, lo mejor será sincerar la tasa de cambio del peso desde el primer momento y dejar que la población se acostumbre a ganar y ahorrar en una moneda que tiene un valor real. En este caso el "shock" no lo es tanto porque de hecho el dólar sería la moneda de curso para las operaciones importantes, en tanto el peso adquiera estabilidad y merezca la confianza de la población. En cierta forma el gobierno actual ha comenzado ya a andar por ese camino con la creación peculiar del peso convertible.

Volvamos al tema. Hay asuntos que se prestan al "shock" y temas en los que es puede resultar dañino.

Ejemplos de lo primero son el turismo y la empresa familiar y de servicios personales.

El turismo, como industria de servicios que requiere atención y esmero y que crea muchos empleos de inmediato, es el tipo de actividad donde existe poco riesgo en privatizar rápidamente; sabida la poca aptitud del Estado para los negocios de servicios y que el producto a vender en buena parte consiste en la naturaleza.

El mismo nivel de riesgo existe en permitir la industria familiar y de servicios personales. Pero es que en estos ejemplos en realidad no hay "shock" puesto que no se deja a casi nadie sin trabajo, ni se restringen sus ingresos o la capacidad de aumentarlos.

El "shock" se produce cuando hay que racionalizar empresas con alta empleomanía, que requieren asimismo inversiones importantes en equipos para mantenerse técnicamente al día y capaces de competir en precio y calidad.

En este caso, la privatización frecuentemente se convierte en un problema de reconversión industrial debido a que el Estado, durante su gestión, no ha mantenido las empresas a un nivel técnico que las haga viables. En otros casos podrá existir un panorama mezclado, con empresas totalmente ineficientes dentro de un giro, que son prácticamente chatarra y algunas que pueden mejorarse y hacerse aptas para competir a nivel internacional.

En estas situaciones el "shock" es inevitable ya que el Estado, de por sí quebrado, mal puede sostener empresas que por sus pérdidas aumenten el déficit estatal. La solución conlleva rebajas de personal y cierre de empresas, problemas muy serios en una economía postrada que no genera empleos suficientes. Junto a ésto existen los costos de mitigar sus efectos, o sea pagar una prestación social que al menos provea una subsistencia digna a las personas desplazadas, y/o los costos de volver a entrenarlas en otra profesión u oficio. Estos costos, que son por cuenta del Estado, recargan sus presupuestos y aumentan los déficits.

Probablemente la industria azucarera, la mayor empleadora de personal en Cuba necesite una reconversión a fondo. Tendrá que hacerse en forma tal que el Estado no acabe manteniendo en su cartera sólo las empresas permanentemente deficitarias e ineficientes para las cuales será imposible encontrar compradores u operadores privados. Esta industria es un ejemplo clásico de los problemas del "shock", puesto que es evidente que no se puede actuar sin contar con un plan bien pensado, que provea oportunidades de empleo a los desplazados de empresas ineficientes. El tema azucarero se agrava además por el carácter dual de la industria ya que su rama agrícola plantea problemas de más lenta solución y de mayor conflicto social que la rama industrial.

En general el asunto agrícola es de los que no se adaptan muy bien a soluciones rápidas y requiere un volumen de trabajo preparatorio importante así como educación y legislación especial.

Financiamiento del "shock".

Hablar de shock sin discurrir en como se financia es o una simpleza o una majadería. Sin embargo la literatura económica está plagada de verdades de Perogrullo sin desarrollo ulterior. En este tema se abusa de enunciar lo obvio sin decir cómo se hace, y cuáles son sus consecuencias inevitables. Es una verdadera disyuntiva: si el estado continúa manteniendo empresas que den pérdidas, yerra en el método de cumplir una obligación social, i.e. crear empleo. Pero cerrar empresas y sumir a una parte importante de la fuerza de trabajo en la desesperanza tampoco es aceptable.

A nivel estatal, la solución parcial que se ha dado a estos problemas es la de gestionar créditos para efectuar la reconversión industrial y la transición. Los créditos supuestamente deben emplearse en re-entrenar la fuerza de trabajo, pagar indemnizaciones o prestaciones sociales a los dados de baja, etc. El Estado pudiera entonces pasar las empresas restructuradas a la empresa privada dándole la oportunidad de crear fuentes de trabajo que generen beneficios y paguen impuestos con los que amortizar los créditos.

Sin embargo, estos créditos por necesidad provienen de instituciones multilaterales (no son aptos para la empresa privada) y tienen tres problemas. Primero, usualmente son insuficientes, segundo frecuentemente los plazos de pago son demasiado cortos, no dando tiempo a que se generen los ingresos fiscales necesarios para su amortización y finalmente su tramitación es lenta, no teniendo muchas veces la virtud de ser oportunos. En adición los créditos vienen acompañados de una serie de condiciones financieras respecto a la política fiscal, política de precios, déficits públicos, tasa de cambio, etc. Se pretende con estas medidas que el Estado no caiga en la solución ilusoria de crear dinero e inflar para pagar sus deudas.

Las condiciones mencionadas, en términos de asegurar una gestión económica que garantice el pago del crédito son lógicas, pero el sistema tiene trazas de ser cambiado y ampliado en forma radical .¹² El problema de las condiciones financieras, consiste en su aplicación, y en el precio de independencia política que es aceptable pagar por un crédito, dado que los créditos no son nunca suficientes y que las necesidades sociales se multiplican y se presentan con urgencia.

La concepción tradicional y jurídicamente correcta es que la aceptación de un crédito conlleva la firma de un compromiso para actuar en la forma convenida. El quebrantamiento de las condiciones impuestas origina la suspensión de los desembolsos y nuevas negociaciones para que la política de emisión monetaria para financiar el gasto público (siempre la culpable más inmediata) se restrinja.

Esta y no otra, es la historia de las negociaciones con el Fondo Monetario y de otras instituciones multilaterales con los países endeudados que sufren además desajustes internos. La realidad se dramatiza por ambas partes con frecuencia, pero la experiencia demuestra una cosa:

Las soluciones permanentes no se generan con créditos ni contratos, que a lo más son ayudas temporales y parciales, sino por la voluntad de una sociedad de apartarse de un camino irracional y educarse en que consiste buen gobierno, a fin de crear uno que deje trabajar y producir a sus ciudadanos. Esta labor corresponde a cada sociedad, que tiene que aprender por el método empírico: prueba, error y tiempo para enmendarlo.

Es por ello, que la labor de educar a la población en lo que se aspira a hacer y en las dificultades del proceso es vital. Sólo un gran cociente de solidaridad social logra disminuir al máximo el flujo y reflujo de los problemas, y evita que los sectores desafectos entorpezcan el proceso de tal manera que lo retrasen o lo hagan imposible de momento. Rusia ha sido un buen ejemplo, que sólo lentamente va saliendo de sus problemas a pesar de la gran riqueza del país.

Soluciones:

Se basan en dos principios:

1- La privatización tiene que ser enfocada no sólo como un método de devolver la propiedad a la gestión privada, sino también como un método de promover y financiar la reconstrucción del país.

2- La sociedad como un todo tiene que involucrarse en el proceso, y no solamente en un plano teórico sino en forma comprometida, contribuyendo con su trabajo, ahorro y pago de impuestos.

Desarrollo de los principios:

a) El primer principio supone que las propiedades del Estado que sean susceptibles de venta en subasta pública tienen que ser bien vendidas, de forma que existan ingresos con los cuales sea posible financiar, en parte, las múltiples cargas a las que el gobierno habrá de hacer frente.

La reserva por el Estado de paquetes accionarios en algunas de las empresas puestas a la venta para su ulterior liquidación, preferiblemente cuando las empresas accedan a la Bolsa de Valores y sus acciones hayan cobrado un valor respetable, es un método idóneo. Se ha seguido con éxito en Argentina, Chile, Venezuela y Brasil y la venta de los paquetes no liquidados en primera instancia siempre ha sido extraordinariamente rentable.

Cuba tiene empresas interesantes que bien pudieran entrar en este modo de operar. Ejemplos son: todas las de servicios públicos donde el Estado tiene que dar la concesión, turísticas, de recursos naturales, etc. Manejando bien los activos de primera y extrayendo de su venta el máximo, se pueden allegar recursos muy considerables.

En cierta forma la privatización tiene que ser vista como lo siguiente: la liquidación de los malos negocios en la forma menos costosa posible; la venta de los buenos negocios al mejor precio posible; y en buena parte la financiación de lo primero a través de lo segundo.

b) Dentro de este esquema cabe lo que señalábamos anteriormente sobre indemnizaciones y restitución. Se debe indemnizar en la medida de lo posible, tal como hacen las legislaciones de la Europa Oriental o sea sin quebrar al Estado (no hay otra salida); y se debe restituir con criterio de función social o sea a quien pueda poner el activo a producir en forma rentable y asegure así la creación continuada de empleos. Si el dueño antiguo no es capaz de asegurar este resultado le cabe la opción de elegir la indemnización o asociarse con alguien que tenga mayores recursos para acceder a la subasta de los activos. En este caso utilizaría sus cupos de indemnización como parte del precio, autofinanciando así la indemnización.¹³

c) La contratación de créditos con las instituciones multilaterales debe hacerse en condiciones sensatas. Si los plazos de amortización son de imposible cumplimiento es mejor no aceptar el crédito. Si las condiciones de política a seguir son tan estrechas que no permiten un campo de acción legítimo será también mejor no aceptar. Cuba ha vivido con tan poco por tanto tiempo, y tiene tantas posibilidades que no puede ni debe hipotecar su futuro político ni económico por el Bíblico plato de lentejas. Aunque las ayudas facilitarían el proceso de reconstrucción recuérdese que nunca serán suficientes en cantidad ni oportunidad.

Las soluciones parciales tienen un precio que no puede ser exagerado, ni tampoco pueden conllevar la aceptación de un sistema de paternalismo tal que retrase una vez más el desarrollo político e institucional de la isla. Ya llevamos casi cuarenta años sujetos a diversos "sabios" domésticos y extranjeros y es hora de que se aplique el principio de "vox populi vox Dei."

d) Lo anterior nos lleva nuevamente al tema jurídico/financiero. Para salir adelante, aún sin ayudas multilaterales de importancia, hace falta contar con un sistema legal que dé garantías tales al inversionista, que lo que no se supla por una fuente entre por la vía preferida de la inversión privada. Una buena legislación Mercantil y seriedad en su aplicación, (buen sistema judicial) haría de Cuba un destino muy atractivo para las inversiones, fomentando así la flotación de emisiones de títulos valores que financiarán la reconstrucción y serían el verdadero motor de ésta. Igualmente, el sistema fiscal debe proporciar estímulos a la reinversión de las utilidades de las empresas mediante desgravaciones fiscales.

Una legislación de Bolsa moderna y dinámica permitiría además canalizar parte del ahorro popular a valores bursátiles, potenciando así la participación accionaria de los empleados en las empresas; y haría más interesante la creación de fondos de retiro que inviertan parte de sus activos en valores. Una vez que este proceso de contribución al retiro e inversión de los productos en títulos valores cobra impulso, se convierte en una máquina de movimiento perpetuo. El capital generado por las empresas que lanzan emisiones permite la creación de nuevos empleos y de personas que ahorran y contribuyen a sus fondos de retiro. El ahorro a su vez genera nuevo capital, parte del cual se invierte en acciones. Dicho ahorro debe ser estimulado, desgravándose por completo los pagos por concepto de intereses. Las ganancias de capital también deben ser desgravadas a ciertos niveles populares y gravadas a una tasa preferente a otros niveles, a fin de estimular la inversión.

El dinamismo bursátil facilitaría resolver el problema de las indemnizaciones, pues la creación de nuevas empresas con salida a Bolsa hace que los que reciban cupones de indemnización puedan invertirlos en empresas con crecimiento. Todo esto se ha ensayado ya con buenos resultados en Europa Oriental, pero confiamos en que puede ser mejorado en Cuba, dada nuestra proximidad a los mercados de capitales y la capacidad de gestión financiera de muchos cubanos, que conocen bien el medio por haber trabajado en él.¹⁴

e) El principio de comprometer a la sociedad tiene dos vertientes una general y otra específica.

En general significa la necesidad de explicar al pueblo que aunque el desastre lo gestó un sector de la sociedad nos afectó a todos dentro y fuera de Cuba. Y que a todos nos toca colaborar en la solución, pagar nuestra parte del costo de la reconstrucción y beneficiarnos de sus resultados.

Frente a los desastres no cabe un individualismo exagerado donde cada cual pretende lo máximo. Los ciclones afectan por igual a los buenos y a los malos, no son justos.

En sentido específico comprometer significa que tiene que existir una aportación tangible de cada cual. No se trata de un compromiso retórico.

Método: Un fondo para la reconstrucción debe ser organizado, y nutrirse de los ingresos producto de las ventas por concepto de privatización, un impuesto especial ad valorem aplicable solamente sobre artículos de uso suntuario (se controla así el consumismo demencial, tan frecuente en las transiciones) y un recargo modesto al impuesto sobre la renta, aplicado al exceso sobre cierto nivel de ingresos.

El objetivo debe ser no sólo recabar fondos, sino crear un ambiente de solidaridad donde a medida que los beneficios del cambio llegan a ciertos sectores de la población, sean revertidos precisamente en entrenar al elemento humano que hará posible el cambio. Con ésto explicamos el propósito del fondo: educar, buscar empleo a los desplazados y durante ese período cubrir sus sueldos. Los beneficiados a su vez pagarán impuestos al fondo cuando estén empleados y sus ingresos lleguen a un nivel adecuado.

En términos económicos la contrapartida que tenemos que aceptar es:

Solidaridad Nacional o cada cual por su cuenta.

La primera produce la capacidad de enfrentar los múltiples problemas que explicamos con un espíritu inteligente y práctico. La segunda nos puede conducir a ser nuevamente manipulados, explotados y sujetos tal vez a una nueva tiranía que no por más sutil deja de ser menos peligrosa.

IV- EL ASPECTO POLITICO

Por alguna razón a lo largo de su historia, Cuba ha sido país de contrapuntos, desfases y reacciones sorprendentes. La última colonia en separarse de España, fué la primera en incorporar ciertos adelantos como el cable trasatlántico con Europa, y los ferrocarriles. Fué a su vez el conflicto colonial más notable de finales del siglo XIX. Sufrió el ataque de una fuerza expedicionaria desmesurada relativa su población y emergió devastada de la guerra del 95, para recuperarse con rapidez vertiginosa.¹⁵

Abundando en sorpresas, en el siglo XX Cuba se incorpora sorpresivamente tarde al comunismo internacional, cuando la decadencia de este sistema ya se había gestado como consecuencia de la segunda guerra mundial.

Y este pequeño y sorprendente país se dedica a ser punta de lanza del comunismo y a inmiscuirse en cuanta trifulca existía en la guerra fría y casi logra hacerla caliente en 1962.

No contentos con el abrazo tardío al marxismo, los dirigentes actuales y parte de la población que acogió la Revolución, con entusiamo entonces juvenil, continúan aferrados a él, (por razones de una auto-defensa mal concebida) aún después de que el sistema creó una situación nacional que ni a Marx le parecería justificable.

Sin duda que los personajes cuentan y mucho en la historia de un país, pero a los cubanos tal parece que nos gusta estar "enredados entre las patas de los caballos" para utilizar una metáfora tan guajira como cubana.

En nuestra próxima edición nacional debutaremos en el mundo del esquema neo-liberal. ¿Lo abrazaremos con entusiasmo desmedido o lo intentaremos "cubanizar"?

La pregunta tiene mucho que ver con el tema de este trabajo, porque la privatización se ha convertido en uno de los puntos neurálgicos del sistema liberal y porque sabemos que volver a la economía de empresa en Cuba no es cuestión de ideología, es cuestión de supervivencia. Así planteado el asunto, el quehacer político cubano va a tener que sortear un difícil campo ideológico.

Ensayemos a dibujar algunas tendencias y los problemas y aportaciones que pueden plantear:

a) Nostálgicos pre 1959. Tal vez esta tendencia pudiera pecar de exagerar un poco el pasado, pero básicamente sería cubana y bien intencionada. Su parte positiva sería contrarrestar tantos años de mentiras y distorsiones. No vemos que ofrezca ningún problema importante a no ser que se dedique a exigir una vuelta prístina al estado anterior, lo cual sería utópico.

b) La Revolución Frustrada. (edición # ?) No sabemos el número de la edición porque hay demasiadas. Pudiera plantear un sistema de socialismo a medias, sin comunismo pero con un estatismo axfisiante.

Privatizaría a regañadientes conservando lo más posible del "statu quo" y enderezaría su artillería de grueso calibre a resaltar las injusticias y distorsiones del sistema neo-liberal, mezclando una buena dosis de exageración con marxismo recalentado. Tendría resonancia entre muchos que conservan añoranzas de los 60s y 70s. También hay nostalgia socialista.

c) El neoliberalismo puro. Pretendería ser la solución de todos los problemas con tal de que se deje hacer. Su énfasis sería económico, apoyaría privatizar todo rápidamente (si es barato aún mejor) y no estaría mayormente preocupado por los problemas sociales. Se dirá que éstos los resuelve el mercado. Esta mantra (que por su repetición constante, se parece un tanto a las cansonas consignas marxistas de que la culpa de todo la tiene el imperialismo) tiene sus peligros pues puede ser explotada por la Revolución Frustrada y crear una confusión conceptual entre la empresa privada y el darwinismo económico.

d) El nuevo invento cubano. Con suerte e imaginación (esto último sí nos sobra) pudiera surgir un híbrido de todas las posiciones anteriores que sea la resultante de un equilibrio de fuerzas o de un concierto social. Sus características generales serían: libertad de empresa y la mayor participación posible del individuo en la reconstrucción y en la empresa donde trabaja.

En lo político y social este sistema sería abierto y conservaría nuestras tradiciones jurídicas y políticas importando sólo aquéllo que tenga valor probado y no lo que supuestamente "hace todo el mundo." Cuba fué un país abierto en lo económico y avanzado en doctrina social. Estas tradiciones pueden y deben mantenerse sin mezclarlas con extremismos ideológicos de cualquier tendencia.

En lo económico permitiría la inversión extranjera, asegurando de que el respeto a la propiedad y a una gestión honesta sea absoluto.

Asimismo el sistema sería partidario de privatizar y eliminar la injerencia estatal en la economía.

¿En que se diferenciaría pues de los esquemas neo liberales y de la Revolución Frustrada?

En que tendría un contenido de nacionalismo moderado e inteligente, transido de sentido común y al mismo tiempo estaría muy consciente de las exigencias sociales que plantea una transición y el mundo que se avecina.

Expliquémonos. Cuba está descapitalizada y por tanto lo están la inmensa mayoría de los cubanos. Proteger la creación de empresas controladas por nacionales de Cuba y la acumulación de la propiedad en manos de cubanos sería un objetivo razonable que estaría justamente en el medio de la tendencia socialista y la neoliberal.

El lograr ésto sin caer en demagogias ni restricciones inoperantes no es sencillo, pero puede hacerse pues existen múltiples esquemas de estímulo fiscal y administrativo aptos para lograr ese resultado. Pensamos que con un poco de "ventaja" inicial, el cubano se incorporará rápidamente a la competencia pues es naturalmente apto para hacerlo.

Si unimos a ésto el favorecer la participación de la empleomanía en la empresa a base de paquetes accionarios, representación en las directivas, etc., bien pudieran surgir empresas muy ágiles y creativas capaces de competir con cualquiera. Se trataría de estimular y hacer que la gente invierta, pague su inversión, trabaje y la vea crecer y dar resultados.

Nada de regalar acciones, porque "yo soy pobre y tú eres rico"; al contrario: "te doy oportunidad de que me acompañes en el proceso productivo en igualdad de riesgos, salvadas las diferencias cuantitativas". ¿Créditos suaves para comprar acciones? Seguramente que sí, pero hay que pagarlas y mientras tanto están dadas en garantía. De igual forma hay que tratar las cuestiones sociales. Servicios sí, buenos servicios, rotundo sí, pero hay que pagarlos y remunerar bien a los que los proveen. El ciudadano tendrá que asumir parte del costo si el presupuesto nacional no puede absorber todo lo que se pretende.

Por otra parte, nada de considerar al hombre como otra mercancía más, como una máquina sólo apta para producir o consumir, siendo desechable cuando decrece o desaparece esa aptitud.

En los países que sufrieron el marxismo, se explotaron los resentimientos creados por esa forma de obrar durante muchas décadas y se vendió una solución falsa. Pero sin embargo, se dejó en la mente de buena parte de la población la conciencia de que en una sociedad debe existir preocupación por las aspiraciones del individuo y una participación mayor del mismo en las actividades sociales. En buena medida, la Revolución Cubana al principio se nutrió del entusiasmo ingenuo del pueblo de Cuba por una utopía que escondía una tiranía.

¿Qué tiene que ver todo lo que antecede con la privatización?

Tiene que ver absolutamente en todo, pues privatizar no es sino redistribuir el poder económico de un país con las consecuencias sociales que ello implica.

Disyuntiva: ¿Se privatiza concentrando la propiedad y creando un ejército de asalariados no interesados en las empresas; o se crea un ejército de pequeños empresarios y de empleados accionistas en las grandes empresas que son necesarias en ciertos giros?

El diseño adoptado decidirá el futuro de los conflictos sociales en Cuba.

En el supuesto de un proletariado enorme y pocos dueños, es previsible un sindicalismo fuerte y presiones continuas sobre el porcentaje de la creación de riqueza que corresponde a cada sector. El grado de sensibilidad social y la historia del sindicalismo en Cuba hace que este resultado sea probable, una vez que el período inicial de aceptar cualquier trabajo en cualesquiera condiciones, haya pasado. Esta sensibilidad hará proclive a la fuerza de trabajo a ser movida por planteamientos irredentistas y nacionalistas extremos, que en definitiva retardarán el progreso y la recuperación, aunque puedan ser objetivamente correctos. No hay nada peor que crear fama de difícil o impredecible.

En el supuesto de un diseño participativo, habrá dificultades sin duda, pues concretarlo es complicado pero siempre se contará con la ventaja de ofrecer soluciones creativas, alternas y llenas de esperanza que serán difíciles de criticar. El arte del diseño consistirá en crear participación obrera y dejar campo a la legítima libertad de acción que la gerencia requiere. Asimismo, las diferencias en las aportaciones de capital y de riesgo a correr tienen que ser reconocidas, acordándoles las protecciones pertinentes. No se llegará a nada práctico con un esquema ilusorio, repleto de derechos para los trabajadores y ninguna protección para el capital de riesgo porque nadie lo aceptará como base para hacer nada importante.

Finalmente, la asociación tiene que ser libre. No se puede forzar a nadie a ser socio de nadie. Lo que sí puede hacerse es dar estímulo a esas asociaciones y aquí hay mucho campo para la política económica y fiscal.

Cuba no puede enfrascarse en una nueva lucha de clases, ni apuntarse irreflexivamente a la última moda, ni reaccionar con exceso ante peligros vislumbrados que pueden o no concretarse. O tenemos inteligencia para crear un país pequeño pero de calidad o seremos una mera isla caribeña apta para vacaciones, vicios, industrias extractivas o industrias de poco valor agregado.

El diseño participativo tal vez no agrade al liberalismo puro. Se alegará que dificulta la gerencia y el manejo de las empresas, pero pensamos que bien estructurado tendrá a su favor resultados muy importantes: eficiencia, buena voluntad, creatividad, espíritu de empresa. Creemos que todo ésto vale más que la simple mano de obra barata o el control absoluto del 100% del capital accionario y todos los puestos del consejo de dirección. En definitiva lo que haría triunfar un diseño de ese tipo serían los resultados, que dependen del elemento humano y su dedicación.

El reto para Cuba será este: producir diversidad de artículos y servicios de buena calidad a precios competitivos, pero sin que este resultado se base en la creación de una isla factoría.

Dadas las condiciones de daño a la moral, a la educación libre y a los hábitos sanos de trabajo creadas por el régimen, que todo lo anterior es una aspiración elevada y difícil, ¿quién lo duda? Pero el tema es el siguiente: ¿Entramos en otros 20 años de conflictos sociales agudos o intentamos algo nuevo y más sensato?

El tiempo lo dirá. Por nuestra parte pensamos que si Cuba produce esta vez un cupo de políticos inteligentes y patriotas, una buena parte del camino tendrá que ser andado por la vía de crear una economía de empresa con preocupaciones sociales, a fin de lograr por fin la Cuba "con todos y para el bien de todos" con que soñó Martí.