(transcripción revisada)

Partido Popular Republicano

(símbolo con antorcha e isla de Cuba)

PONENCIA

A: Asamblea para Promover la Sociedad Civil en Cuba.

A continuación, nuestro Partido tiene a bien exponerle a esta distinguida asamblea, algunos puntos de vista que consideramos se deben tener en cuenta a la hora de una pacífica transición en Cuba.

Para poder llevar a efecto una transición en Cuba, lo primero que se necesita es potenciar la sociedad civil, la cual se encuentra debilitada y dividida, producto de la represión continua generalizada, la política migratoria, y la imposibilidad del PUEBLO CUBANO de participar en la vida política de la nación. Como el régimen controla todos los medios de difusión y comunicación, ejerce un estricto control sobre toda la información que llegue a la isla o emane de ella, por lo que el pueblo se encuentra desinformado y mal documentado al respecto, y por tanto no se les facilita a los activistas en pro de los derechos humanos, una posibilidad de ejercicio más completo de sus funciones.
Por eso, debemos esforzarnos por fortalecer todas las medidas RAZONABLES que apoyen a la PACIFICA OPOSICION DISIDENTE como una parte esencial de la política que puede contribuir a precipitar la caída del sistema. Las distintas Organizaciones Internacionales, tales como la Organización Internacional del Trabajo, la de los Derechos Humanos y otras, nos pudieran ayudar mucho para poner al descubierto la verdadera situación por la que atraviesa el pueblo de Cuba, y la de aquellos que aspiran a un porvenir mejor dentro de la isla.

A continuación exponemos los diez (10) puntos esenciales que consideramos se deben tener en cuenta para una posible transición en el país:

1- Por una cuestión de principios humanos, como cristianos y de amor al prójimo,
nos oponemos a toda violencia y derramamiento de sangre que acompañe a la
transición.

Los procesos socio-políticos en la humanidad, que se han producido durante el período de tránsito de una formación económica a otra mediante cambios violentos en la vida de las sociedades, han sido por oponerse el gobierno de los dominadores a cumplir la voluntad de reemplazo del mismo por sus dominados, expresada generalmente de manera pacífica inicialmente (peticiones populares, declaraciones de líderes, huelgas, votaciones parlamentarias o gobernativas, marchas, declaraciones estudiantiles, etc.); pero al triunfar a principios de la década del 90 del siglo pasado, por vía pacífica, varios modelos de gobiernos democráticos en América Latina, Asia y Africa, y disolverse el campo socialista este-europeo de manera no violenta, se ha comenzado a perfilar, que por una cuestión de principios humanos, inspirado en el ideal universal de amor cristiano hacia el prójimo, es posible realizar un cambio de régimen social exento de violencia y derramamiento de sangre en cualquier país donde lleguen a dicho consenso de voluntades gobernados y gobernantes, de manera exitosa y a corto plazo.
Es un principio práctico altamente positivo que ocurra una transición incruenta, ya que la misma, a la vez que no sería traumática para la sociedad por la inexistencia de la violencia y el derramamiento de sangre, no dividiría sentimentalmente al país en cuestión, y permitiría encauzar de manera normal y positiva todos los cambios que dicho proceso de transformaciones inevitablemente engendraría en la vida y conciencia social de todos los ciudadanos partícipes del mismo; para el logro de una mejor vida colectiva en el marco de unidad y entendimiento de todos los sectores de la existencia nacional. (1 Cor. 9:8) (Ecle. 3:10).

2- Nos oponemos a la pena de muerte.

La aplicación de la pena de muerte en Cuba, data desde los inicios de la colonización de la isla, con el asesinato político de figuras de la rebeldía indígena, como Hatuey y Caonao, costumbre que trajeron los españoles heredadas de sus antepasados, y se mantuvo inalterable desde 1492 hasta 1938. En ese año, con la puesta en vigor del Código de Defensa Social, se estableció la proscripción de la misma para todos los delitos cometidos por militares en tiempos de guerra o contra la República en casos de traición. Iguales consideraciones fueron formuladas en la Constitución que se promulgó el 10 de Octubre de 1940.
Sin embargo, a partir del 1ro de Enero de 1959, en virtud de disposiciones legales modificativas del CDS fundamentadas en la aplicación de la Ley Penal de la República en Armas, ésta fué reimplantada y extendida su aplicación a los civiles y militares implicados contra la vida, bienes estatales y la seguridad y estabilidad del país pertenecientes al derrocado gobierno, y contra las acciones terroristas provenientes del exterior, con la intención de derrocar al nuevo Gobierno. Considerando que la misma, a pesar de que se encuentra regulada legalmente en el vigente Código Penal de manera estricta, y el carácter irrevocable, irremediable y excepcional de las circunstancias que permiten su imposición; producto de que el país es signatario de numerosos tratados que protegen la vida, como existen otras condenas privativas de libertad de carácter temporal prolongado o indefinido, es posible la consideración por razones humanitarias, morales y jurídico-político cristianos (Sal. 39:5), de la supresión de la aplicación de esta pena de manera total, tanto para los militares como para los civiles en época de paz, en todo tipo de delitos, sustituyéndola por la privación de libertad perpetua y transfiriéndole al Gobierno Central (como posee en la actualidad), la facultad de ratificarle o sustituirla por la de 30 años de prisión, sin libertad condicional esta última, por ser un permiso de gracia concedido en lugar de la originaria.

3- Abogamos por una condena justa y moderada, según la esfera del delito.

La adecuación de toda condena universalmente establecida en la esfera del Derecho Penal, está determinada a partir de la conjunción de un grupo de circunstancias en la apreciación de la magnitud del hecho cometido, por parte del Tribunal juzgador, que aparecen reflejadas de manera más o menos objetivas según el Código Penal del que la posea, el sistema de derecho que éste adopte, y la escuela filosófica en materia penal que se acepte como norma doctrinaria.
No obstante lo anterior, si es preciso dejar establecido que todo delito, con independencia
de la naturaleza de que se trate (común o político), debe ser reprimido con una condena justa y moderada, ya que es estrictamente necesario y previsible, de acuerdo a los ideales que inspiran mundialmente la aplicación de la justicia, desde los lejanos albores del imperio romano, cuna y fuente del Derecho así reconocido. Para lograr el propósito anterior, es preciso en primer lugar, que los jueces actúen sin ningún tipo de presión por parte de órganos o personas ajenos al sistema judicial que representan, con independencia de la actividad delictiva a sancionar, no acepten sobornos ni para favorecer al acusado ni para perjudicarlo, no actúen prejuiciados de antemano contra el o los acusados por las referencias investigativas previas que existan de ellos, en cuanto a su conducta moral y social en los expedientes de instrucción si éstos fueran policiales o judiciales confeccionados por la ocurrencia del delito, las circunstancias que conllevaron a éste, tanto por motivaciones personales como sociales, económicas o políticas de la sociedad en su conjunto al realizarse dicha conducta antijurídica, las características de su personalidad, el medio en que se formó como ciudadano, y en fin, todas las condiciones que rodearon el hecho y que posean una máxima en su actuación, porque: todo sancionado es un ser humano capaz física, psíquica e intelectualmente de comprender su error, enmendar su conducta y volver a sociabilizarse al medio de que fué separado por la pena impuesta, tan pronto extinga su sanción. (2 Cor. 3:9).

4- Abogamos por la reforma de la Constitución que justifique la ley siempre a
favor del individuo.

La práctica histórica ha demostrado que la reforma constitucional en todos los países del mundo y en épocas en que se ha efectuado, ha implicado un determinado cambio de posición en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos del país, hacia un sentido de mejoría o de empeoramiento de éstos desde todo el espectro posible de análisis de la temática, valorada tanto cualitativa como cuantitativamente. No obstante lo anterior, una reforma constitucional no debe olvidar jamás que la familia es la célula fundamental de la sociedad humana, y el hombre, como género animal, es el centro de la vida social alrededor del que giran inevitablemente, todas las relaciones sociales que deben tener en cuenta la concepción de que la LEY, aunque sea la voluntad política de la clase en el poder, su gran función pública es la de servir al pueblo, y debe ser esencialmente popular, concediéndole al ciudadano las mayores ventajas democráticas posibles para el ejercicio de sus derechos, y el máximo de garantías razonablemente adecuadas para el óptimo desenvolvimiento de la vida del mismo en todos sus aspectos. (Ex. 24:12) (Sal. 19:17, 40:8) (Gal. 3:24).

5- Abogamos por un sistema parlamentario multipartidista.

Consideramos y estamos plenamente convencidos que todo ser humano, debe tener la opción y la libertad de pensar y opinar libremente, sean cuales sean sus ideas políticas o sociales y económicas. Es por este motivo que defendemos la idea del pluripartidismo, en donde cualquier persona tendrá la opción de integrar un Partido Político de su preferencia, para que de esta manera le sea posible intervenir en la vida política de su patria, siempre y cuando ese Partido, Movimiento u Organización, esté debidamente reconocido en el país.

6- Consideramos que deben ser rescatadas y restauradas las dimensiones sociales,
políticas y religiosas.

Es imprescindible que en todo proceso de transición, a la par que se introducen nuevas concepciones en la vida social, política y religiosa, como el aporte de las ideas del grupo poblacional que asciende al poder, sean rescatadas las corrientes de opinión sociales, políticas y religiosas tradicionales e inherentes a la idiosincracia nacional de reconocida influencia histórica en la vida ciudadana, que fueron temporalmente no aplicadas por el sistema de gobierno anterior; ya que la infraestructura ideológica de una vida democrática, es la vivencia y coexistencia de todas las opiniones y teorías en materia de sociología, política y religión en un país. Esta comunidad pacífica de modos de pensar nuevos y viejos en la vida de una nación en tránsito es inevitable en los primeros tiempos de la misma, hasta que con el transcurso de éste, se inserten en la vida ciudadana, fundiéndose como una ideología nacional y social única. (Sal. 51:12).

7- Consideramos que debe ser corregida la vulgarización de la vida diaria.

Durante la transición, la vulgarización de la vida diaria sufre un severo impacto, ya que los cambios inevitables en los aspectos políticos, sociales y económicos de la realizada introducidos en el nuevo régimen de forma inexorable conducen a imprimirle un nuevo giro a la misma. Este giro, con el decursar del tiempo, va generando a partir de la adaptación de la psicología social colectiva a efectuar transformaciones en el modo de pensar de la población, a luchar por desaparecer la vulgarización socializada de la vida cotidiana, a cambios de actitudes. Modos de conducta y hábitos de vida de las personas en su vida habitual, en pro de la obtención de una calidad de vida superior a la antes existente, con el enriquecimiento de los valores morales y cívicos ya preestablecidos. (Sal. 94:10).

8- Consideramos un deber de los participantes en esta transición, hacerle frente a
una multitud de problemas e interrogantes que suelen aparecer en una
reconstrucción semejante.

Es imprescindible dejar establecido que, partiendo de la premisa de que todos los ciudadanos del país son los responsables (por ser actores) del destino político de éste, dentro del conjunto de naciones al que pertenece, en caso de un proceso de transición social de un régimen a otro, tanto de manera pacífica (elecciones, acuerdos Gobierno-Oposición, diálogo o reconciliación interna, etc.) como violenta (rebelión popular, sedición en las Fuerzas Armadas, golpe de estado, etc.), quedaran obligados a participar en la misma y hacerle frente a un conjunto de problemas e interrogantes que suelen aparecer en un cambio social de tal naturaleza. Esta ineludible participación ciudadana, como deber social de la misma en primer lugar como interrogante a enfrentar, se encontrará en la reestructuración del nuevo modelo de Estado y de Gobierno que existirá en el primer caso y se constituirá en el segundo, el que es en nuestra opinión el mayor desafío por delante y del que se derivarán todos los restantes de las mas disímiles naturalezas: social, política, religiosa, económica, cultural e institucional de manera general, ya que el nuevo tipo de país que surgirá, no solamente arrastrará los problemas del otro modelo político sustituído, sino también los que surgirán a partir de la creación de su nuevo programa de desarrollo de todas las esferas de la vida nacional, panorama de naturaleza esencialmente interna del que no puede abstraerse de accionar de una manera u otra, de acuerdo a su esfera de influencia personal en la vida social, ningún habitante del país en cuestión. (2Cor. 9:7).

9- Consideramos otro deber ineludible de todo ciudadano su participación de una
forma u otra en dicha transición.

Derivado de lo antes expuesto, es de considerarse inexorablemente que ningún ciudadano de cualquier país del mundo donde ocurra una situación de cambio social de una formación socio-económica deje de participar en ella de forma activa, inicialmente a partir de su colaboración desde la esfera laboral en que se desenvuelva: campesino, militar, obrero manual, etc., y en segundo lugar, a partir del conjunto de instituciones a las que pertenezca, tanto a las del viejo sistema que sobrevivan con nuevo contenido de acción, como a las nuevas que se creen por el nuevo Gobierno en el poder. Esta participación, que por lo antes señalado no es solamente multisectorial, sino que se hará intersectorialmente en la vida del país, interior y exteriormente estará determinada por el nivel de participación popular en la forma de gobierno que se establezca, el sentido que éste le concede a la proyección del mismo hacia la ciudadanía y sus instituciones, apoyo, restricciones que se impongan a la iniciativa ciudadana o la magnitud de la liberalidad que se otorgue a éste, etc. (Prov. 3:27).

10- Consideramos en fin, que una transición hacia la DEMOCRACIA debe ser
equilibrada mediante la preocupación de lograr un porvenir mejor CON
TODOS Y PARA EL BIEN DE TODOS.

Todo proceso de cambio en un país que implique la implantación de forma y contenido de un régimen de transición social entre una estructura política caduca y una nueva progresista, para que sea plenamente exitosa, ha de procurarse que sea equilibrada entre todos los factores implícitos en la misma, en aras de lograr un país en todas las facetas de su vida como persona jurídica, mejor. Esta situación de cambio debe preverse que sea lo más gradual posible, sin violentar etapas con saltos que ocasionen incomprensiones en la población, descontentos o manifestaciones de rechazo por carencia de conocimientos o información de lo que se va a realizar estatalmente, sin grupos de medidas aplicadas al unísono, sino escalonadamente, viendo siempre cuales pueden ser los sectores más beneficiados y perjudicados; de manera ponderada, aunque con un fin común para todos los ámbitos de la vida del país: la obtención de un porvenir mejor que el anteriormente conocido, con todos los ciudadanos y para el bien de todos en cuestión, ya que una plena participación popular en la dirección del país es inseparable de obtener un porvenir mejor, puesto que una mayor participación ciudadana tiene que ser no sólo activa sino también pasiva, pues un futuro mejor requiere de dirección y trabajo adecuado para la obtención de dicho propósito desde el inicio de la transformación. Esta transición, de una situación de absolutismo político e ideológico hacia una democracia en ambas esferas de la vida, comprendiendo las dos situaciones anteriores, se hallan inseparablemente ligadas entre sí, y la consumación de dichos propósitos, indisolublemente interrelacionados en el quehacer nacional.

“PRIMERO LA REPUBLICA, DESPUES LA REPUBLICA Y SIEMPRE LA REPUBLICA”

COMITE DIRECCION Partido Popular Republicano.

DADO en Ciudad de la Habana a los 10 días del mes de Diciembre del 2004


(hay un sello con Partido Popular Republicano, una antorcha , isla de Cuba, Patria y Libertad, dos estrellas)